A través del Decreto 787/2025, publicado este martes, el Estado derogó la normativa que exigía autorización previa para fijar aranceles en establecimientos de gestión privada. Las entidades podrán ahora establecer sus propias “políticas de precios”, en una medida impulsada bajo el argumento de flexibilidad económica.
En un cambio normativo de fuerte impacto para el sistema educativo privado en Argentina, el gobierno nacional derogó este martes la regulación que limitaba la fijación de cuotas y matrículas en los colegios de gestión privada. Mediante el Decreto 787 / 2025, las instituciones educativas privadas pasan a tener autonomía para definir sus aranceles sin autorización estatal previa.
La norma deroga un decreto de 1993 que regía los aranceles en los establecimientos privados sin aportes estatales. Según el nuevo marco legal, la regulación anterior imponía “regulaciones y pautas” que impedían a los colegios “adaptarse a las realidades educativas y económicas del país”.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) confirmaron que la medida responde a un reclamo del sector, que desde comienzos de 2024 venía solicitando la derogación del decreto. En concreto, la organización argumenta que la exigencia de presentar los montos con anticipación y la obligación de mantenerlos durante todo el año generaban subas anticipadas y de mayor magnitud.
El ministro Federico Sturzenegger, a cargo de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, explicó que la medida busca evitar “saltos exorbitantes en las cuotas de colegios privados en marzo” y pretendería ofrecer un esquema más estable para las familias. Según el Gobierno, sólo alrededor del 6 % de los establecimientos educativos del país están involucrados dentro de este régimen de gestión privada sin aportes estatales.
El texto del decreto también destaca que la educación privada de gestión privada debe tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus propios empleados, sin la necesidad de una autorización estatal, lo que afecta directamente la estructura de costos de esos establecimientos.
La medida abre ahora un nuevo escenario para las cuotas escolares: en lugar de tener que fijar los valores al inicio del año y mantenerlos, los colegios podrán ajustarlos en función de condiciones económicas, inflación, costos operativos y demanda. No obstante, este nuevo marco plantea interrogantes sobre el impacto para las familias que deben hacer frente al pago de aranceles en un contexto económico complejo.
Entre los posibles efectos, algunos analistas advierten que la libertad para ajustar precios podría derivar en aumentos más frecuentes, aunque el Gobierno asegura que la medida apunta precisamente a evitar aumentos anticipados excesivos. El sector privado, por su parte, espera que la medida contribuya a que las cuotas sean más estables o tengan incrementos menos concentrados al inicio del año.
Para las autoridades educativas, este cambio implica un viraje hacia una mayor autonomía del mercado educativo privado y un alejamiento de la intervención regulatoria estatal. En el mediano plazo será clave observar cómo evoluciona esta liberalización en términos de accesibilidad, calidad educativa y transparencia en la fijación de precios.
