La reglamentación de la reforma laboral abrió un frente que el Gobierno probablemente no esperaba: cámaras empresarias que respaldaron los cambios comenzaron a cuestionar algunas de las medidas adoptadas y reclaman mayor coherencia con los objetivos originales de la ley.
El malestar empresario con algunos aspectos de la reforma laboral comenzó a tomar fuerza en los últimos días y puso especialmente bajo la lupa al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El punto de mayor conflicto está relacionado con los aportes establecidos en los convenios colectivos y con los cambios introducidos por el Gobierno al momento de reglamentar la nueva legislación.
Una de las voces críticas fue la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que manifestó su preocupación por el Decreto 612/2026 y sostuvo que la reglamentación se alejó del objetivo de avanzar hacia aportes voluntarios.
Del apoyo a los cuestionamientos
La situación resulta particular porque buena parte del sector empresario había acompañado la necesidad de modernizar la legislación laboral argentina.
Las críticas actuales, sin embargo, no significan necesariamente un rechazo completo a la reforma.
El conflicto está concentrado en determinados artículos y, especialmente, en la manera en que fueron reglamentados.
En ámbitos empresarios consideran que algunas disposiciones terminaron manteniendo mecanismos obligatorios que esperaban modificar con la nueva legislación.
También hay cuestionamientos dentro del sector industrial
El debate alcanzó además a la Unión Industrial Argentina (UIA).
Según publicó El Destape, durante una reunión de su Junta Directiva hubo fuertes cuestionamientos sobre algunos efectos de la reglamentación y sobre las modificaciones introducidas en los mecanismos que históricamente formaron parte de las negociaciones entre empresas y sindicatos.
Algunas cámaras incluso analizan recurrir a la Justicia para cuestionar determinados puntos de la normativa.
Una reforma que sigue generando tensiones
La Ley de Modernización Laboral fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a reducir costos, disminuir la litigiosidad y facilitar la creación de empleo formal.
Sin embargo, su implementación sigue generando diferencias.
Primero fueron los fuertes cuestionamientos sindicales y ahora aparecen objeciones provenientes de sectores empresarios que, aunque en muchos casos continúan respaldando una modernización del sistema laboral, cuestionan cómo se están aplicando algunas de sus disposiciones.
El escenario deja una situación poco habitual: una reforma impulsada para responder a históricos reclamos empresarios ahora también genera resistencia entre algunos de quienes inicialmente acompañaron sus objetivos.
