El tribunal federal denegó el pedido de libertad presentado por la defensa de Ramón “Tito” López. Permanecerá detenido, al igual que sus familiares, dentro de la causa por presunto lavado de activos, asociación ilícita y fraude a la administración pública.
La justicia federal resolvió rechazar la excarcelación solicitada por la defensa de Ramón Alberto “Tito” López, dirigente social chaqueño, por lo que seguirá detenido junto con integrantes de su familia en el marco de la causa que los investiga por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.
Contexto del caso
Tito López fue detenido en septiembre de 2024 en Resistencia en el marco de una investigación federal sobre un entramado de operaciones con tierras fiscales, fundaciones y bienes inmuebles que, según los fiscales, habrían generado un enriquecimiento ilícito.
Junto a él, su esposa, sus hijos y allegados también están acusados de participar en estas maniobras irregulares.
Además, la defensa de López había intentado presentar ante el juez federal la aplicación de la Ley de Blanqueo (Ley 27.743) como alternativa para suspender el proceso penal. Sin embargo, esta petición fue rechazada porque el juez entendió que los delitos que se le imputan no están contemplados dentro del ámbito de esa normativa.
Argumentos de la defensa y postura judicial
Los abogados de López sostienen que no existen elementos suficientes para configurar los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y han presentado recursos para sobreseerlo.
Sin embargo, el tribunal federal consideró que los riesgos procesales (como fuga, entorpecimiento o destrucción de pruebas) persisten y justifican mantener la prisión preventiva.
Estado del proceso y próximas instancias
El juicio oral contra López, sus familiares y colaboradores fue fijado para el 8 de abril de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Mientras tanto, López también mantuvo una huelga de hambre dentro del penal en reclamo por las condiciones de su detención y restricciones en las comunicaciones con sus allegados.
En estos meses, la familia y los defensores han expresado su disconformidad con la difusión de información mediática sobre el caso, alegando filtraciones y falta de transparencia en el armado del expediente
