El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fue hallado responsable por una maniobra de phishing que derivó en transferencias no autorizadas desde la cuenta de la productora de arándanos BULCA S.R.L., con sede en Bella Vista, Corrientes.
En un fallo que marca un precedente en materia de ciberestafas bancarias, el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista condenó al Banco de Galicia a indemnizar con $63.422.240,40 (más intereses) a la empresa BULCA S.R.L., dedicada a la producción de arándanos, luego de una operación de phishing que permitió el vaciamiento de su cuenta.
El hecho se originó el 2 de diciembre de 2022, cuando se concretaron diez transferencias no autorizadas desde la cuenta corriente de BULCA S.R.L., por un monto total de $9.997.933,70. La empresa detectó los movimientos minutos después, hizo la denuncia policial e inició reclamos contra el banco, que no consiguió revertir las operaciones.
Las pericias informática y contable concluyeron que se trató de una maniobra de phishing llevada a cabo desde otra localidad, y que el sistema bancario no activó alertas ante movimientos atípicos ni identificó cuentas sospechosas (en lo que se denominan “cuentas mulas”).
En su resolución del 23 de septiembre de 2025, el tribunal dispuso:
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La restitución de los $9.997.933,70 transferidos.
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$749.000 por daño emergente (gastos judiciales y periciales).
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$17.440.728,72 por “pérdida de chance” de inversión de la empresa.
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$35.234.578 en concepto de daño punitivo, por la conducta negligente del banco.
“El banco no puede desligarse de su responsabilidad alegando culpa del usuario”, sostuvo la jueza a cargo, al argumentar que el sistema de home banking implica una obligación de seguridad reforzada por parte de la entidad financiera.
Este fallo supone un giro relevante: reafirma la responsabilidad objetiva de los bancos ante fraudes informáticos en sus plataformas y destaca la necesidad de que implementen “mecanismos de prevención, alerta y respuesta inmediata” frente a operaciones sospechosas.
En conclusión, la sentencia no solo representa una reparación para la empresa afectada, sino también un llamado de atención para el sistema financiero: el auge de los delitos electrónicos exige que las entidades garanticen plataformas digitales seguras y confiables, reconociendo que la mera oferta del servicio no exime su obligación de resguardo.
