El Estado argentino presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York contra la medida de la jueza Loretta Preska que exige la entrega de la mayoría accionaria de YPF. El Gobierno argumenta que la decisión afecta la inmunidad soberana y contradice normas nacionales e internacionales.
¿Qué decidió la jueza y el objeto del litigio?
La jueza Loretta Preska había ordenado que Argentina entregue el 51 % de las acciones que posee en YPF, dentro del marco de un reclamo judicial de los fondos Petersen y Eton Park, que estarían respaldados por Burford Capital.
Ese fallo implicaba que el Estado perdiera el control mayoritario de la petrolera, una decisión de alto impacto institucional y financiero.
La apelación: fundamentos del Estado argentino
En su escrito ante la Corte de Apelaciones, la Procuración del Tesoro defiende que la resolución vulnera varios pilares del derecho internacional y nacional: Que la medida viola la inmunidad soberana (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), normativa de EE. UU. que protege a los Estados frente a embargos o transferencias de activos fuera de sus jurisdicciones, salvo excepciones específicas.
La jueza aplica de modo erróneo la norma de turnover del estado de Nueva York (C.P.L.R. § 5225), una herramienta local que no está concebida para imponer a un Estado soberano la transferencia de activos que están fuera de EE. UU.
Las acciones de YPF no se ubican en territorio estadounidense, no han sido usadas para actividades comerciales en ese país ni están directamente vinculadas con el reclamo que motiva el pleito.
Además, la orden desconoce normas argentinas esenciales: desde 2012, cualquier cambio en la titularidad accionaria de YPF requiere la aprobación del Congreso con mayoría especial. También invoca principios como la cortesía internacional (comity) y el acto de Estado (act-of-state doctrine).
La decisión es “sin precedentes” y podría generar efectos recíprocos que expongan activos de EE. UU. en el exterior.
Cronograma procesal y próximos pasos
El litigio seguirá su curso con plazos ya fijados:
- El 14 de noviembre, los demandantes deberán presentar sus argumentos escritos para insistir en la entrega de las acciones.
- El 12 de diciembre vence el plazo para que Argentina presente su réplica y requiera una audiencia oral (que se proyecta para 2026).
- Antes de eso, el 29 de octubre hay programada otra audiencia ligada al reclamo principal que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses, cifra que desde 2023 acumula unos US$ 2.000 millones adicionales por costos financieros.
Dimensión política e implicancias estratégicas
La apelación busca frenar una decisión que no solo afecta el patrimonio estatal, sino la capacidad del Estado argentino de responder en litigios internacionales. Si la orden inicial quedara firme, podría sentar un precedente gravitante que comprometería la sustentabilidad jurídica de otros procesos similares.
Asimismo, la controversia puede escalar en el ámbito diplomático: el Estado argentino sostiene que la orden contradice principios del derecho público internacional y la soberanía nacional.
Para el ámbito de los negocios y la energía, la resolución tiene gran importancia, dado que YPF es una empresa clave en el sector petrolero argentino. Una transferencia accionaria involuntaria alteraría la gobernanza institucional y la estrategia de gestión del sector hidrocarburífero.
