La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la instancia por inacción de Vialidad Nacional, por lo que la expresidenta no deberá responder civilmente por ese monto. El proceso penal por decomiso continúa activo.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó liberada de responder por una demanda civil millonaria impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad, que reclamaba una indemnización de $ 22.300 millones por presuntos daños al Estado en la ejecución de obras públicas durante su gestión. La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal del organismo demandante.
El fallo, al que accedieron distintos medios judiciales, confirma una resolución previa del juez civil subrogante Fernando Mateo, quien entendió que Vialidad Nacional no impulsó adecuadamente la causa desde marzo de 2023, incumpliendo los plazos procesales establecidos.
Fallo firme y sin posibilidad de revocación
La Cámara determinó que “el recurso interpuesto no rebate los fundamentos esenciales del fallo de primera instancia”, y consideró que la falta de impulso durante más de seis meses conlleva la pérdida del derecho a continuar el juicio civil. Así, la exmandataria fue desvinculada definitivamente de esta acción indemnizatoria.
Sin embargo, la resolución no implica el cierre del caso penal, que continúa tramitándose en los tribunales federales de Comodoro Py. En ese expediente, el fiscal Diego Luciani solicitó el decomiso de bienes por más de $ 685.000 millones, al considerar que hubo una matriz de corrupción en la adjudicación de obras a empresas vinculadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.
Contexto y antecedentes
La demanda civil había sido presentada en septiembre de 2020 por la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la gestión del entonces ministro Gabriel Katopodis, como parte de una estrategia del Estado para recuperar fondos presuntamente desviados durante los gobiernos kirchneristas.
En paralelo, Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No obstante, la condena aún no está firme y fue apelada ante la Corte Suprema.
Reacciones políticas
Desde el entorno de la expresidenta consideraron el fallo como “un paso más hacia el desmoronamiento del lawfare”. En cambio, desde la oposición judicial y política lo interpretaron como una “pérdida de oportunidad para el Estado de resarcirse económicamente por el daño causado”.
El debate sobre la judicialización de la política y la recuperación de activos en causas de corrupción sigue vigente, mientras los tribunales evalúan el avance o cierre definitivo de uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años.
