El presidente vetó completamente la ley que garantizaba aumentos presupuestarios para las universidades públicas. Alegó falta de fuentes de financiamiento y la consideró incompatible con el equilibrio fiscal. La medida fue rechazada por la oposición y el sistema universitario.
El presidente Javier Milei vetó de forma total la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en septiembre de 2024 con amplio respaldo opositor. La norma establecía una actualización automática del presupuesto universitario en base a la inflación, con retroactividad desde diciembre del año anterior, y contemplaba mejoras salariales para docentes y no docentes. El Gobierno argumentó que el texto no incluía estimaciones del impacto fiscal ni especificaba fuentes de financiamiento, lo que violaría la Ley de Administración Financiera y el reglamento del Senado.
El costo proyectado por la Oficina de Presupuesto del Congreso era equivalente al 0,14 % del PBI, lo que implicaba unos 740.000 millones de pesos, de los cuales más de 440.000 millones estaban destinados a recomponer sueldos. Desde el oficialismo, sostuvieron que la medida era “fiscalmente irresponsable” y que ponía en riesgo los objetivos de déficit cero trazados por el Ejecutivo.
El veto fue anunciado pocos días después de una masiva marcha universitaria que recorrió todo el país en defensa de la educación pública. A pesar de los reclamos sociales, la Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el decreto presidencial: 160 diputados votaron a favor de insistir con la ley, pero 84 respaldaron la postura del Gobierno, incluyendo sectores del PRO y bloques provinciales.
En agosto de 2025, la oposición retomó la iniciativa y aprobó en Diputados un nuevo proyecto que actualiza por inflación los fondos para las universidades nacionales. La iniciativa fue declarada de “urgencia” y aún resta conocer la decisión del Senado y una posible nueva reacción del Ejecutivo.
