El subsecretario de Legal y Técnica y diputado provincial electo, Julio Ferro, informó que impulsará una iniciativa legislativa en la provincia del Chaco para que los funcionarios públicos que provoquen perjuicios al Estado respondan con su propio patrimonio. La medida se anunció en el marco del escándalo de la Fundación Valdocco.
El funcionario Julio Ferro adelantó que el gobierno chaqueño impulsará un proyecto de ley que regule de forma explícita la responsabilidad patrimonial de los funcionarios del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial y Legislativo, cuando generen un daño al erario público.
Ferro vinculó esta medida al caso de la Fundación Valdocco, donde más de setenta docentes aparecen simultáneamente trabajando en las provincias de Chaco y Santa Cruz, una situación “físicamente imposible” que derivó en la clausura administrativa de la entidad. Sin embargo, el Estado provincial se encuentra obligado por una medida cautelar a continuar pagando los salarios mientras la causa avanza judicialmente.
Según el subsecretario, la documentación del Ministerio de Educación evidencia duplicidad de funciones, incumplimientos formales y sospechas de defraudación al Estado. Por ello se presentó una denuncia penal y se apeló la resolución que obliga al pago de sueldos.
“Hay una imposibilidad física de estar trabajando en dos provincias al mismo tiempo. La clausura fue correcta porque se detectaron irregularidades graves y el Estado debe proteger el erario público”, sostuvo Ferro en declaraciones al programa De Pe A Pa que se emite por Radio X5.
Ferro señaló que el Estado chaqueño afronta multas e intereses por sentencias incumplidas de gestiones anteriores, un costo que termina afectando al ciudadano. “El artículo 76 de la Constitución prevé la responsabilidad del funcionario, pero nunca fue reglamentado. Si alguien causa daño al Estado—sea del Ejecutivo, Judicial o Legislativo—debe responder”, afirmó.
Además, explicó que el Gobierno provincial avanza con acciones de “lesividad” para recuperar tierras, bienes públicos y propiedades que fueron otorgadas de forma irregular en la gestión anterior. “Hay quinchos, piletas y predios que nunca debieron salir del patrimonio estatal. Algunos ya se están recuperando y en otros casos se avanza por vía judicial”, agregó.
La futura ley de responsabilidad del Estado busca cerrar un vacío legal, ya que, pese a que la Constitución del Chaco indica que los funcionarios pueden responder por daños al patrimonio público, dicha norma nunca fue reglamentada. Con esta iniciativa el Ejecutivo pretende descentralizar el impacto económico de los fallos que recaen sobre la ciudadanía.
La presentación formal del proyecto de ley aún no tiene fecha anunciada, pero la intención del Gobierno chaqueño es incorporarla dentro del plan de fortalecimiento institucional para 2026. Se espera que en los próximos días se den a conocer los lineamientos y el cronograma de tratamiento en la Legislatura provincial.
